De “Consumidores Argentinos” a “Aceval Pollacchi”.
ÍNDICE
I. Introducción
II. Consumidores Argentinos o la política albañil: una de cal y otra de arena.
II.1. Los hechos relatados y lo resuelto en la causa
II.2 Las circunstancias y lo efectivamente resuelto
III. Aceval Pollacchi o ¿qué querés que haga?: controlo al Ejecutivo o defiendo a los trabajadores
III.1. Los hechos relatados y lo resuelto
III.2. Parece que va a hacerlo…
IV. ¿Qué pasó entre “Consumidores Argentinos” y “Aceval Pollacchi” en relación al control judicial de los decretos de necesidad y urgencia?
Bibliografía
I. Introducción
En el fallo “Consumidores Argentinos”[1] del año 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del Poder Ejecutivo debe ser limitado y sólo serán admitidos en condiciones de rigurosa excepcionalidad. En este marco afirmó que resulta ser potestad del Poder Judicial evaluar si se presentan esas condiciones de excepcionalidad que ameritaron la utilización de una facultad extraordinaria.
La decisión fue saludada con mucho optimismo por los medios de prensa[2] y por buena parte de la doctrina – aunque esta última con algunos reparos - bajo el entendimiento de que, por fin, la Corte Suprema consolidaba una doctrina tendiente a limitar al Poder Ejecutivo en el uso de esta atribución excepcional.
Sin embargo, apenas un año después, la Corte Suprema parece desandar el camino propuesto. En el fallo “Aceval Pollachi”[3], y sin que surja expresamente del texto del mismo, se aparta de “Consumidores Argentinos” y afloja las correas del Ejecutivo aunque para hacerlo dice reafirmar y sostener los controles que había consolidado al resolver éste.
¿Qué pasó en el camino? Este escrito intentará sostener que fueron múltiples las cuestiones políticas que atravesaron la resolución de “Consumidores Argentinos” y que, en definitiva, la Corte Suprema se enfrentaba a una norma jurídica que, fundamentalmente, no compartía. De esta forma, además de las cuestiones de política institucional que se estaban discutiendo por fuera del fallo, la Corte Suprema (o alguno de sus miembros) consideraba “injusto” aplicar el decreto de necesidad y urgencia en cuanto a su contenido. Mientras que en “Aceval Pollachi” la solución que proporcionaba el DNU (o más precisamente la concatenación de DNUs) era compartida por el Alto Tribunal (o por parte de éste).
Como correlato de lo señalado la siguiente pregunta sobrevuela, sin posibilidad de respuesta definitiva, toda la elaboración… ¿tiene sentido intentar establecer la doctrina judicial que emerge de los fallos de la Corte Suprema en relación a la legalidad de la emisión de decretos de necesidad y urgencia cuando la extensión de la misma dependerá de la “justicia/injusticia” de lo normado por los mismos según el criterio de los Jueces?
La conjetura esbozada, y que por el momento no es más que una mera sospecha, intentará ser aclarada y, con mucha suerte, justificada a lo largo de las páginas que siguen.
II. Consumidores Argentinos o la política albañil: una de cal y otra de arena
II.1. Los hechos relatados y lo resuelto en la causa
En “Consumidores Argentinos”[4] se discutió la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 558/02, que modificó la ley 20.091 de entidades de seguros. Este DNU estableció una serie de beneficios a favor de las compañías aseguradoras que eran, a criterio de la actora, lesivos de los derechos de los asegurados. Concretamente sostuvo que la norma puesta en crisis violaba los derechos resultantes de los artículos 17, 18 y 42 de la Constitución Nacional y el principio de división de poderes. En la temática puntual a desarrollar en este trabajo sostuvo “que no se hallaban configurados los recaudos que habilitan el ejercicio de la potestad para dictar decretos de necesidad y urgencia. Más que urgencia –dijo- hubo “lisa y llanamente la intención del Poder Ejecutivo Nacional de brindar un salvataje al sector empresario del seguro más comprometido en su situación patrimonial” (conf. Considerando 1º).
La Corte Suprema se encontraba frente a dos caminos analíticos y discursivos posibles a los efectos de evaluar la constitucionalidad de la normativa cuestionada: uno, que podemos llamar adjetivo, relacionado con la legalidad en el dictado de la norma excepcional por el Ejecutivo; y otro, sustantivo, consistente en el análisis del fondo de la cuestión regulada por la norma y su razonabilidad. Sin embargo este último no fue transitado por la Corte, no hizo falta a su criterio.
El Alto Tribunal no anduvo con vueltas. Ya en el Considerando 5º nos avisa que va a fijar los requisitos que se deben cumplir a los efectos de considerar a los DNU válidamente emitidos. Y para hacerlo, recuerda que la recepción expresa de “ciertas facultades excepcionales” en nuestra Constitución a partir del año 1994 buscó la “institucionalización de los mecanismos de control a los que se los sometía”, con el objetivo de fortalecer el sistema republicano democrático y atenuar el presidencialismo[5].
¿Cuáles son estos estándares? En principio debe verificarse la existencia de un “estado de necesidad y urgencia”. La Corte Suprema señala que evaluará “el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos que reúnan tan excepcional presupuesto”[6] (sic). ¿Y qué significa evaluar el presupuesto fáctico? Significa la posibilidad por parte del Poder Judicial de analizar si la situación de emergencia declarada por el Poder Ejecutivo tiene debido sustento en la realidad[7]. La Corte Suprema
¿Qué circunstancias deben concurrir para que sea posible hablar de un estado de necesidad y urgencia? El Considerando 13° lo responde: “En el precedente “Verrocchi”, esta Corte resolvió que para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesario la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución , vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal
Otro punto importante para destacar: la Corte Suprema señala que por medio de este DNU el Poder Ejecutivo no buscó paliar una supuesta situación excepcional, de necesidad y urgencia, sino que modificó un régimen normativo general de forma permanente (Considerando 14°).
Como corolario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación invalidó el decreto de necesidad y urgencia 558/02, que modificó la ley 20.091 de entidades de seguros, por no existir las circunstancias fácticas establecidas por la Constitución Nacional que justificaban el dictado del mismo.
Si bien “Consumidores Argentinos” se resolvió por unanimidad, formaron la mayoría de argumentos Lorenzetti, Fayt y Zaffaroni. Highton de Nolasco, que acompaña los primeros 13 considerandos del voto de los anteriores, parece advertirnos que ha resuelto de esta forma exclusivamente por tratarse de un DNU anterior al funcionamiento y reglamentación de la Comisión Bicameral
II.2. Las circunstancias y lo efectivamente resuelto[8] (Muchas de las ideas desarrolladas en este punto fueron tomadas de Thury Cornejo, Valentín, Blog Todo sobre la Corte)
Como sostiene Kennedy “la actividad de creación de derecho de los jueces tiene lugar en el contexto de una estructura de normas jurídicas (frente a una determinada laguna, conflicto o ambigüedad en esta estructura). Los jueces resuelven problemas interpretativos a través de una forma de trabajo que consiste en reformular alguna parte de esta estructura, y luego desplegar un repertorio de argumentos jurídicos para justificar sus soluciones. Una modalidad importante de la influencia ideológica en la decisión judicial proviene de la interpenetración entre esta retórica específica y técnica de la justificación jurídica y la retórica política general del momento”[9].
Veamos algunas circunstancias institucionales y políticas que atravesaron el dictado de la sentencia analizada, que no formaron parte visible de los hechos ni del discurso jurídico que expresamente se desprende de la misma, y que pueden ser catalogadas como componentes de esa interpenetración de la que habla Kennedy:
c) El fallo que declaró inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia fue contemporáneo a una resolución de la misma Corte que admitió una apelación contra la medida cautelar, ratificada por la Cámara Federal de Mendoza (Thomas) que dejó en suspenso la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, girando las actuaciones al Procurador General, como bien lo señala Thury Cornejo[12]. Esta decisión de la Corte Suprema fue vista como un triunfo del gobierno y, tal vez, lo decidido en “Consumidores Argentinos” pretendió equilibrar la aguja de la balanza, sirviendo de argumento frente a posibles ataques desde la oposición. Esta política institucional, que para algunos significó directamente “una de cal y una de arena”[13], fue advertida incluso por muchos medios: la Corte Suprema
III. Aceval Pollacchi o ¿qué querés que haga?: controlo al Ejecutivo o defiendo a los trabajadores
III.1. Los hechos relatados y lo resuelto
La Ley 25.561 establecía, en su artículo 16, que quedaban suspendidos por 180 días los despidos sin causa justificada y que en el caso de producirse los empleadores debían abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les hubiere correspondido de acuerdo a la legislación laboral vigente. El decreto de necesidad y urgencia 883/02 del 27 de mayo de 2002 prorrogó esa norma por 180 días hábiles “contados a partir de su vencimiento originario”. Posteriormente los decretos de necesidad y urgencia 662/03, 256/03, 1351/03, 369/04 y 823/04 prorrogaron sucesivamente la duplicación de la indemnización hasta diciembre de 2004.
En “Aceval Pollacchi” la demandada Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. cuestiona la constitucionalidad del decreto 264/02 reglamentario de la Ley 25.561 por entender que la desnaturaliza arbitrariamente; también impugna el decreto de necesidad y urgencia 883/02 en virtud de considerar que el mismo viola el artículo 99, inc. 3° de la Constitución Nacional. En el caso de este último, lo hace a efectos de evitar su aplicación al despido del actor pues, según las instancias anteriores, era la norma vigente cuando se produjo el distracto de Aceval Pollacchi. Resumiendo: el empleador no quería pagarle doble indemnización al trabajador.
Nuevamente distinguimos la posibilidad de dos caminos analíticos y discursivos a la vista de la Corte Suprema en cuanto a la resolución del caso y la consideración de la constitucionalidad de la normativa cuestionada: el adjetivo, relacionado con la legalidad en el dictado de la norma excepcional que fue, como vimos, el que empleó en “Consumidores Argentinos”; y el sustantivo, relacionado con la razonabilidad de la doble indemnización en los supuestos de emergencia laboral que atravesaba el país. Como veremos a continuación, nuestro Tribunal Cimero resolvió en virtud del análisis de este último supuesto pero consideró también la temática adjetiva. Exclusivamente en ella nos detendremos.
“Aceval Pollacchi” no fue resuelto por unanimidad. Coincidieron Lorenzetti, Fayt y Zaffaroni, acompañaron lo resuelto pero con salvedades Highton de Nolasco y Maqueda y, como resultó previsible en virtud de su postura en “Consumidores Argentinos”, votaron en disidencia Argibay y Petracchi.
El considerando 5° del voto que forma mayoría, señala que “en cuanto a la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 883/02, cabe subrayar que esta Corte en un pronunciamiento reciente ha reconocido, por un lado, la atribución con que contaba el Poder Ejecutivo tras la reforma de 1994 para dictar disposiciones de esa naturaleza, aún con anterioridad a la sanción de la ley reglamentaria 26.122; además, en esa sentencia ha establecido los requisitos que condicionan la validez de disposiciones de esta naturaleza, por lo que a las consideraciones efectuadas en dicho fallo corresponde remitir por razones de brevedad (causa “Consumidores Argentinos”, voto de los jueces Lorenzetti, Fayt y Zaffaroni, considerandos 5º a 13; voto concurrente de la jueza Highton de Nolasco, Fallos: 333:633)”. Hasta ahora todo parece muy correcto, si pasamos por alto la minucia lingüística que hace considerar aquí como una atribución del Poder Ejecutivo lo que en “Consumidores Argentinos” era calificado como una faculta excepcional[16]. Lo cierto es que la Corte Suprema todavía no efectúa el análisis de la existencia de los presupuestos fácticos que habilitan el dictado de decretos de necesidad y urgencia ni analiza el debido sustento en la realidad de dichos presupuestos. Sólo dice que puede hacerlo, incluso parece que va a hacerlo...
III.2. Parece que va a hacerlo…
Pero... pero no lo hace. En el considerando 7° señala que corresponde tener por cumplido el recaudo relativo a la existencia del estado de necesidad y urgencia y nos remite a precedentes que no tratan sobre la constitucionalidad adjetiva de los DNUs que prorrogaron la doble indemnización[17]. Es decir, la Corte Suprema no verifica la existencia de un “estado de necesidad y urgencia” ni evalúa los presupuestos fácticos que justifiquen la adopción de las medidas por medio de decretos de necesidad y urgencia. Debemos precisarlo: la Corte Suprema no justifica la existencia de un estado de necesidad y urgencia para avalar que el régimen excepcional se haya prorrogado por medio de DNUs y no de leyes. Además la Corte Suprema evita utilizar el estándar surgido en el precedente “Verrocchi”.
¿Y por qué razón hace (o no hace) todo esto? Porque un análisis similar al realizado en “Consumidores Argentinos” no hubiera podido justificar la existencia de una urgencia comprobable que debía ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Hubiera sido muy difícil afirmar este argumento frente al hecho comprobable de que la primera prórroga fue realizada antes del vencimiento del plazo establecido por la ley 25.561 y que la misma fue la inicial de una serie concatenada de otras establecidas por decretos de necesidad y urgencia. Supongamos que en la primera realmente no se podían cumplir los procedimientos normales para la sanción de leyes… ¿qué impidió que se remitiera un proyecto de ley de prórroga inmediatamente después de la emisión del primer DNU, cuestión que evitaría los subsiguientes? De hecho es la solución que se adoptó mucho tiempo después con la sanción de la ley 25.972 artículo 4°. Como concluye Thury Cornejo “todos dicen seguir el precedente, pero evidentemente algún problema hay aquí, porque las respuestas dadas son radicalmente opuestas... los cinco votos de la mayoría le hacen decir a Consumidores Argentinos lo conducente para resolver este caso de un modo favorable al Ejecutivo. Utilizan sus palabras, pero no son fieles a su espíritu ni a su línea argumentativa”[18].
En resumen: la Corte Suprema expresa que sigue “Consumidores Argentinos” pero, por lo menos en los votos que forman la mayoría, lo elude de forma evidente. Y lo hace porque de seguir efectivamente el análisis lógico allí propuesto debía declarar inconstitucional del DNU, cuestión que no quería hacer.
IV. ¿Qué pasó entre “Consumidores Argentinos” y “Aceval Pollacchi” en relación al control judicial de los decretos de necesidad y urgencia?
Todo. Mucho. Nada.
Esbozaremos algunas respuestas conjeturales.
· Una primera contestación podría ser: en “Aceval Pollacchi” la Corte Suprema revisa los alcances de la doctrina de “Consumidores Argentinos” y, frente al fuerte control que parecía surgir de este, opta por aflojar un poco las riendas, pero sin reconocerlo. Consideramos que este argumento no resulta muy sólido. Si la intención de la Corte era acotar los alcances del corpus surgido del tándem Consumidores Argentinos/ Verrocchi lo más efectivo hubiera sido señalar las particularidades de “Aceval Pollacchi” que justificaban una interpretación diferente. Hemos visto que este no fue el caso. La Corte Suprema expresamente señala que está haciendo lo mismo que en los casos anteriores, aunque efectivamente no lo haga.
· Avancemos con otra conjetura: a la Corte Suprema no le interesaba demasiado la temática de fondo discutida en “Consumidores Argentinos” ni la materia regulada por el decreto de necesidad y urgencia cuestionado allí[19]. Ella necesitaba dar una fuerte señal institucional y un claro mensaje al Poder Ejecutivo, como ya observamos en el punto II, y este caso resultaba ideal para hacerlo. Era un decreto de necesidad y urgencia dictado por un Presidente que había terminado su mandato y sobre un tema por el que, salvo las compañías de seguros, pocos saldrían a romper lanzas. Además, al ser un decreto anterior a la ley 26.122 evitaba la evaluación constitucional directa de dicha ley, aunque sin dejar de brindar posibilidades a que los actores interesados (fundamentalmente oficialismo y oposición) aventuraran las más variadas conjeturas y predicciones. Esta suposición resulta mucho más seductora que la anterior, fundamentalmente cuando estudiamos los votos de los cinco Jueces que conforman la mayoría. Si además agregamos una pizca de los argumentos que siguen en próximo párrafo, el escenario analítico parece muy completo y seductor. Casi que sería inevitable suscribirlo.
· Esbocemos entonces la tercera respuesta: los Jueces que conforman la mayoría decisoria (y fundamentalmente Lorenzetti, Fayt y Zaffaroni) resolvieron ambos fallos desde su concepción ideológico valorativa, que los lleva a intentar salvaguardar y proteger a los sectores más débiles y vulnerables en cada una de las relaciones jurídica puestas en crisis en los casos analizados. El decreto de necesidad y urgencia declarado inconstitucional en “Consumidores Argentinos” contenía medidas claramente perjudiciales para el conjunto de los asegurados; la concatenación de decretos de necesidad y urgencia observados en “Aceval Pollacchi” importaban prorrogar una solución de fondo que la Corte Suprema consideraba, no solo constitucional, sino también deseable y que, en definitiva, había sido diseñada originalmente por el Poder Legislativo con el objeto la salvaguardar y proteger los derechos del trabajador (ver el Considerando 10°). Parece tan “evidentemente” justo y necesario el decreto de necesidad y urgencia en cuanto a la protección de los trabajadores que justifica, para estos Jueces, pasar por alto su efectivo control de legalidad. Entonces, en donde la forma les obligaría a ir en contra de los derechos de los trabajadores (y contra una política asumida por el actual gobierno), la solución es evitar evaluarla y concentrarse en el fondo. “Hay argumentos jurídicos que de manera directa o analógica traducen el discurso político general en discurso jurídico. La retórica de la autosuficiencia es conservadora; la de la solidaridad, liberal. Éstas son marcas a partir de las que inferimos preferencias ideológicas”[20]. Por eso también podemos concluir que la pretendida neutralidad valorativa en el discurso de los jueces no siempre esconde una opción conservadora[21].
Ahora bien, ¿quiere decir entonces que la solución de la Corte (de los votos de Corte que armaron la mayoría) importó una “mera preferencia arbitraria”[22] y debemos deducir que todo el discurso empleado “no cumple más función que la de una fundamentación aparente, y que la decisión sigue pasando por criterios subjetivos”[23]?
No nos atrevemos a llegar a este punto pues, como hemos sostenido en la tercera conjetura elaborada, existe una preferencia que no resulta meramente “arbitraria” y sí es el producto de un complejo entramado de hechos, normas, precedentes y, fundamentalmente, valores no siempre explicitados por los jueces al decidir.
Volvamos a una de las preguntas formuladas en la introducción:
¿Tiene sentido intentar establecer la doctrina judicial que emerge de los fallos de la Corte Suprema en relación a la legalidad de la emisión de decretos de necesidad y urgencia cuando la extensión de la misma dependerá de la “justicia/injusticia” de lo normado por los mismos según el criterio de los Jueces?
Parecería que no en el caso del voto de alguno de los jueces de la Corte Suprema pues, lo que en definitiva guiará sus resoluciones, será la sustancia de la medida tomada y su carácter de favorable/desfavorable a los grupos vulnerables. Entonces, si como establece Alf Ross el derecho vigente es el conjunto de directivas que probablemente los jueces tendrán en cuenta en la fundamentación de sus decisiones, la consideración en relación a la vulnerabilidad de las partes en disputa en una causa que llegue a la Corte Suprema en casos de decretos de necesidad y urgencia, también deberá tener lugar en el análisis.
Bibliografía utilizada y consultada.
- Arballo, Gustavo, blog “Saber leyes no es saber derecho”, http://www.saberderecho.com/2010/05/consumidores-argentinos-la-corte-y-los.html
- Cohen, Felix S., El método funcional en el derecho, Colección Nueva Teoría, p. 48.
- Flores Mendoza, Imer Benjamín, La concepción del derecho en las corrientes de la filosofía jurídica, Boletín Mexicano de Derecho Comparado.
- Gordon, Robert W., Conferencia Brendan Brown:
- Gullco, Hernán, Los decretos de necesidad y urgencia como un peligro para
- Kennedy, Duncan, El comportamiento estratégico en la interpretación judicial, en Izquierda y derecho, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010. Con ensayo introductoria de Moro, Guillermo.
- Miljiker, María Eva, Duncan Kennedy y
- Thury Cornejo, Valentín, Blog Todo sobre la Corte, http://todosobrelacorte.wordpress.com/2010/05/20/consumidores-argentinos-contra-las-cuerdas-la-corte-lanza-un-golpe/
- Thury Cornejo, Valentín, Blog Todo sobre la Corte, fundamentalmente desarrollada en los comentarios, http://todosobrelacorte.wordpress.com/2011/07/06/la-corte-no-pega-cuando-duele/.
[1] “Consumidores Argentinos c/ EN – PEN – Dto. 558/02- SS – ley 20.091 s/ amparo ley 16.986” . 19 de mayo de 2010. Fallos: 333:633
[2] Por ejemplo, ver Clarín (http://edant.clarin.com/diario/2010/05/20/elpais/p-02197771.htm) o La Nación (http://www.lanacion.com.ar/1266611).
[3] “Aceval Pollachi c/ Compañía de Radiocomunicaciones Móviles s/despido”. 28 de junio de 2011.
[4] Podrá consultarse un buen resumen de la sentencia en la página del Centro de Información Judicial (http://www.cij.gov.ar/nota-4118-La-Corte-considero-que-el-uso-de-DNU-debe-ser-excepcional.html#showfotos).
[5] “La admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país” (Considerando 10°).
[6] Conforme considerando 11°.
[7] “Si esta Corte, en ejercicio de esa facultad de control ante el dictado por el Congreso de leyes de emergencia ha verificado… la concurrencia de una genuina situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad – esto es, corroborar que la declaración del legislador encuentre “debido sustento en la realidad”… con mayor razón debe ejercer idéntica evaluación respecto de las circunstancias de excepción cuando ellas son invocadas unilateralmente por el Presidente de la Nación para ejercer facultades legisferantes que por regla constitucional no le pertenecen (arts. 44 y 99, inciso 3°, párrafo 2°, de la Constitución Nacional)”.
[8] Muchas de las ideas desarrolladas en este punto fueron tomadas de Thury Cornejo, Valentín, Blog Todo sobre la Corte, http://todosobrelacorte.wordpress.com/2010/05/20/consumidores-argentinos-contra-las-cuerdas-la-corte-lanza-un-golpe/
[9] Kennedy, Duncan, El comportamiento estratégico en la interpretación judicial, en Izquierda y derecho, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010. Con ensayo introductoria de Moro, Guillermo, p. 29 (la negrita nos pertenece).
[10] Arballo propone identificar tres tipos de Decretos de Necesidad y Urgencia: “los "de primera generación" a los que se dictaban antes de la reforma de 1994, sin habilitación constitucional. Los "de segunda generación" son los que se dictaron ya sobre la base del actual 99 inc. 3, pero sin la vigencia de la ley reguladora (26.122) que se sancionó en Julio de 2006. Ahora tenemos DNUs "de tercera generación", donde sí hay una legislación reglamentaria, aunque cuestionada en su inconstitucionalidad”, para agregar luego que en “Consumidores Argentinos” la Corte resuelve sobre un DNU de segunda generación. Este autor sostiene que la generación de DNU implicará la posibilidad de un distinto control judicial, “antes de la valoración del Congreso (vale decir, hasta tanto no haya el doble conforme de sus cámaras) corresponde aplicar un examen judicial muy riguroso y con efectos únicamente suspensivos -no anulatorios-. Pero luego de la valoración del Congreso, si éste avala los DNUs, el Poder Judicial puede hacer sobre ellos sólo el control de constitucionalidad "común", propio de toda ley”. Arballo, Gustavo, blog “Saber leyes no es saber derecho”, http://www.saberderecho.com/2010/05/consumidores-argentinos-la-corte-y-los.html
[11] Para una crítica a la Ley 26122, ver Gullco, Hernán, Los decretos de necesidad y urgencia como un peligro para la Democracia , A.D.C.
[12] Thury Cornejo señala que “No es casual, por lo tanto, que el fallo que comentarémos a continuación, en el que se hacen algunas puntualizaciones restrictivas sobre el ejercicio que el Ejecutivo puede hacer de los DNUs venga en tándem con la admisión a trámite de la causa sobre la Ley de Medios y su envío para dictamen al Procurador General”. Thury Cornejo, Valentín, Blog Todo sobre la Corte, http://todosobrelacorte.wordpress.com/2010/05/20/consumidores-argentinos-contra-las-cuerdas-la-corte-lanza-un-golpe/
[13] Ver Página 12 del 20 de mayo de 2010, “Una de cal y otra de arena”.
[14] Para algunos ejemplos, ver Página 12, en sentido favorable al gobierno, “Los supremos tienen la última palabra”, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-146016-2010-05-20.html y “El mensaje de la Corte”, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/146016-46872-2010-05-20.html. Y en sentido contrario al gobierno, ver La Nación, “La Corte fijó estrictos límites al uso de decretos presidenciales”,
http://www.lanacion.com.ar/1266611-la-corte-fijo-estrictos-limites-al-uso-de-decretos-presidenciales
y “Otro intento para equilibrar el poder”, http://www.lanacion.com.ar/1266612-otro-intento-para-equilibrar-el-poder; y Clarín, “La Corte Suprema fijó límites para los decretos de necesidad y urgencia”, http://edant.clarin.com/diario/2010/05/20/elpais/p-02197771.htm.
[15] “Hay argumentos jurídicos que de manera directa o analógica traducen el discurso político general en discurso jurídico”. Kennedy, Duncan, El comportamiento estratégico en la interpretación judicial, en Izquierda y derecho, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010. Con ensayo introductoria de Moro, Guillermo, p. 35.
[16]“Entre el actual “reconocimiento de una atribución” y la anterior “admisión del ejercicio de facultades legislativas” hay un océano retórico, que no requiere de un especialista para ser advertido. Es exactamente la misma distancia que separaba las posiciones sostenidas tradicionalmente por el PEN (dictar DNU es un poder más dado al Presidente y hay que interpretarlo con presunción de constitucionalidad) y las que fijaba la Corte en el citado fallo, adoptando una posición restringida que la llevaba a descartar de plano “los criterios de mera conveniencia” como justificativos de los DNUs (cons. 13). La mejor prueba de que el espíritu de la Corte era sumamente restrictivo en Consumidores Argentinos es que voces que hoy están en la vereda de enfrente, como Argibay, adherían allí a esos considerandos de la mayoría”. Thury Cornejo, Valentín, Blog Todo sobre la Corte, http://todosobrelacorte.wordpress.com/2011/07/06/la-corte-no-pega-cuando-duele/.
[17] “Valente, Diego Edgardo c/ Bank Boston N. A.” (Fallos: 327:4422) y en C.1642.XLI “Cardoso Graña, Ana Carolina c/ Argencard S.A. s/ despido”, sentencia del 16 de mayo de 2006. En el mismo sentido, esta Corte comparte las consideraciones efectuadas respecto a esta cuestión en el punto IV del dictamen de la señora Procuradora Fiscal en la causa S.1352.XL “Salemme, Héctor c/ Emece Editores S.A y otro”, fallada por el Tribunal el 18 de julio de 2006".
[18] Thury Cornejo, Valentín, Blog Todo sobre la Corte, http://todosobrelacorte.wordpress.com/2011/07/06/la-corte-no-pega-cuando-duele/.
[19] Esta idea es de Thury Cornejo, Valentín, Blog Todo sobre la Corte, fundamentalmente desarrollada en los comentarios, http://todosobrelacorte.wordpress.com/2011/07/06/la-corte-no-pega-cuando-duele/.
[20] Kennedy, Duncan, El comportamiento estratégico en la interpretación judicial, en Izquierda y derecho, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010. Con ensayo introductoria de Moro, Guillermo, p. 35.
[21] Por eso no coincidimos con la siguiente conclusión de Gordon, Robert W., Conferencia Brendan Brown: la Teoría crítica del derecho (CLS) como método de enseñanza del derecho, “Las formas convencionales de discurso jurídico (los significados; la forma en que los generadores de derecho, tal como administradores, jueces, estudiosos, abogados practicantes y profesores de derecho hablan y analizan cotidianamente la vida social y el rol del derecho como reguladora de esta última), son prácticas políticas, y más aún, prácticas que producen efectos sociales innecesariamente conservadores en la mente de quienes se involucran en ellas”, p. 147/8.
[22] Al respecto Miljiker, María Eva, Duncan Kennedy y la Crítica a los Drechos, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, p. 95. “El objetivo de “traducir” una pretensión valorativa (que involucre cuestiones políticas, éticas, etc) al lenguaje de “derechos”, es presentarla como “correcta y objetiva”, y así superar la acusación de “mera preferencia arbitraria”. Tal como lo resume Kennedy: el razonamiento basado en los derechos, en suma, te permite tener razón respecto a tus juicios de valor, en vez de simplemente tener “preferencias”, como en prefiero el chocolate al helado de crema. “
[23] Miljiker, María Eva, Duncan Kennedy y la Crítica a los Drechos, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, p. 96.
1 comentario:
Excelente Material! Un placer visitar este blog.
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