Las resoluciones judiciales deben ser razonables y proporcionadas

Estimadas y estimados:

Nuevamente debemos agradecer a la Corte Suprema su “colaboración docente” en las materias que vamos analizando en clase. Esta vez nos ayuda con la temática del principio de razonabilidad, pues en un fallo todavía muy fresco, ha dejado en claro que el mismo resulta un requisito de toda la actividad del Estado, incluso de la proveniente de los jueces en el dictado de medidas cautelares.

Vamos brevemente al fallo en cuestión.

El 15 de junio de 2010 (¡ayer nomás!) en los autos “Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo” (ver también acá resumen y fallo completo) la Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara Federal que había confirmado una medida cautelar que suspendía la vigencia de la Ley 26.522 sobre regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

La sentencia fue unánime en la decisión. Formaron la mayoría de argumentos los Dres Lorenzetti, Highton, Fayt, Zaffaroni y Maqueda y concurren por su voto el Dr. Petracchi y la Dra. Argibay.

El voto de la mayoría aclara que la cuestión sometida a consideración de la Corte se refiere exclusivamente a la validez de la medida cautelar que suspende la totalidad de los efectos de la ley 26.552 con fundamento en presuntas irregularidades en el trámite parlamentario y no con la valoración constitucional del contenido de la mencionada ley.

Las líneas argumentales que emplea la Corte Suprema para revocar la sentencia pueden resumirse en los siguientes puntos:

• Falta de legitimidad del actor, tanto en su calidad de “diputado” como en la de “ciudadano”. La “invocación de calidad de ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma” (cons. 4º). Es decir, debe existir un interés “especial” o “directo”, “inmediato”, “concreto” o “sustancial” que permita tener por configurado un “caso contencioso”. Por otro lado, y en cuanto a la pretendida legitimidad de Thomas por ser diputado, la Corte Suprema repasa sus antecedentes en la materia señalando que “un legislador no tendría legitimación activa cuando lo que trae a consideración del tribunal de justicia es la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de la mayorías y minorías respectivas” pero si podría tenerla cuando se tratara de la afectación de un interés concreto y directo a su respecto. Si bien en este caso la Corte no observa que el legislador haya sido privado de ejercer las atribuciones que le asisten como tal, considero que deja abierta la posibilidad en futuros casos de reconocer legitimidad a los miembros del poder legislativo cuando lo que esté en juego afecte directamente esta condición (o sea se ponga en discusión si la persona reviste la calidad de legislador) y las atribuciones derivadas directamente de la misma (por ejemplo, que se le impida participar del debate de un proyecto de ley, presentar proyectos, participar de las comisiones, etc.).
  
  
• Las resoluciones judiciales no pueden tener efectos erga omnes. Esta reafirmación, que parece muy obvia, resulta de vital importancia a la luz de intentar evitar una cuestión que “reviste gravedad institucional suficiente” como sería la de consolidar en el poder judicial la potestad de hacer caer una ley con efectos generales. “Una cautelar que suspende la vigencia de toda la ley 26.522 con efectos erga omnes tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes y el modelo de control de constitucionalidad” agregando que “la suspensión cautelar de la vigencia de una norma dispuesta por un tribunal presupone que éste se atribuye la competencia para sentenciar en definitiva con idéntico poder” cuestión que alteraría “gravemente el modelo de control constitucional de las leyes por ella consagrado” (cons. 8º).

Gustavo Arballo nos proporciona un excelente y muy completo comentario del fallo en su blog, al que remito.

  

El análisis de razonabilidad.

En el considerando 9º del voto que forma la mayoría en los argumentos la Corte señala que “la medida cautelar, tal como fue decretada, no respeta el criterio de razonabilidad”.

La Corte indica que un efecto esencial del principio de razonabilidad es el de proporcionalidad. La medida cautelar bajo análisis es irrazonable por ser desproporcionada; al dictarla los jueces no actuaron equilibradamente, no efectuaron una ponderación adecuada. ¿Y de qué forma hubieran respetado estos principios? O, dicho de otro modo, ¿qué se entiende por ponderación adecuada? Es la misma Corte quien nos brinda una respuesta al señalar que una ponderación adecuada deberá:

• 
  
  buscar la realización lo más completa posible de las reglas y principios fundamentales del derecho,
• 
  
  teniendo en cuenta el grado y jerarquía que estos ocupan en el ordenamiento jurídico.

Para que haya razonabilidad debe haber cierta equivalencia axiológica entre el antecedente y el consecuente, entre la medida dispuesta y la causa que la motiva.

Y en el caso en cuestión “a la luz de los principios señalados, la medida precautoria dispuesta por el a quo… no aparece como un remedio proporcionado a la naturaleza y relevancia de la hipotética ilegitimidad que se denuncia” (la negrita me pertenece). Me parece también muy interesante la extensión del análisis a las consecuencias que dicha medida podría tener sobre el principio constitucional de división de poderes.

Otro aspecto a tener en cuenta es el que da título a este post: toda la actividad estatal, incluida la proveniente del Poder Judicial, debe ser razonable y, por ende, proporcionada, cuestión que resulta un principio general del Estado de Derecho.

Saludos y ESPERO COMENTARIOS.

PD: Tengo la sensación que ayer participamos de un debate interesante sobre libertad de expresión. Estaría muy bueno que alguien pudiera aportar una síntesis.